SOBRE LA PROPUESTA CIUDADANA
DE INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL

3 DE DICIEMBRE DE 2004

La propuesta de adiciones y reforma a los artículos 72, 75, 82, 84, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Congreso General tiene como propósito instituir, delimitar y transparentar los mecanismos de definición de la Agenda Legislativa y de la participación ciudadana en el proceso de evaluación y enriquecimiento de las iniciativas en el seno de las comisiones, para el Senado de la República

La misma es fruto de una relación de diálogo y colaboración estrecha entre la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales Internacionales y organizaciones de la sociedad civil. En efecto, la sugerencia de reformar la Ley Orgánica está contemplada dentro de la Propuesta de Agenda en Común que fuera presentada al Senado el 13 de febrero de 2003, como resultado del Foro “El Senado de la República y la Sociedad Civil / Hacia una nueva relación”, celebrado en el mes de junio de 2002.

Después de un detenido análisis de las propuestas vertidas en dicho foro, el grupo a cargo de la construcción y promoción de la presente, conformado por DECA Equipo Pueblo, A.C. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, hacimos entrega al senador Ricardo Gerardo, Presidente de la Comisión de Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales Internacionales, de esta Propuesta Ciudadana de Iniciativa a fin de que dicha comisión la conociera para adoptar como propios sus propósitos y, después de hacer los ajustes de técnica jurídica pertinentes, la presentese ante el pleno del Senado de la República con el apoyo de senadores de todos los grupos parlamentarios.

Puede establecerse que el proceso hacia una mayor rendición de cuentas, tanto horizontal como vertical, ha tomado en el ámbito legislativo un impulso enorme que, sin embargo, está lejos de haberse agotado y que seguirá requiriendo, obviamente, de nuevas formas para perfeccionarlo en el marco de una diálogo nacional, amplio, abierto y transparente sobre la reforma del Estado.

A través de su historia en los últimos 55 años, los grupos y entidades que constituyen la sociedad civil organizada se han dado cuenta de que no forman —ni deben formar— parte del gobierno ni de los órganos legislativos o judiciales, pero que sí deben luchar por que se establezcan mecanismos claros de relación con ellos para garantizar la democracia en los procesos de toma de decisiones sobre los problemas públicos, y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas para solucionarlos.

En el ámbito específico de la interlocución ciudadana con el Poder Legislativo, podemos señalar como un ejemplo o antecedente relevante, entre otros, el trabajo realizado por las organizaciones civiles impulsoras del Parlamento de Mujeres de México en 1998, espacio inédito de análisis, generación de propuestas legislativas y vínculo entre parlamentarias federales, locales y la sociedad civil organizada. Su quinta edición, celebrada en marzo del presente año, es un antecedente fundamental de construcción de una democracia participativa. Cabe resaltar que en dicho espacio parlamentario la sociedad civil ha accedido a la tribuna del Congreso y que en su reglamento interno se contempla la creación del denominado Organismo de Interlocución Ciudadana.

Así, la sociedad civil mexicana ha descubierto que para garantizar la respuesta efectiva a los intereses y a los problemas públicos, es necesaria su participación en los procesos de toma de decisiones, operando en el sistema político con autonomía pero interactuando propositivamente con las diferentes instancias formales de los poderes del Estado.

En el caso de la Cámara de Senadores ha quedado claro que existe una clara disposición a continuar avanzando en ese proceso de diálogo y de perfeccionamiento de la rendición de cuentas vertical. Es decir, de buscar nuevas formas para proveer de información relevante a la ciudadanía en torno a su trabajo, comenzando por la propia Agenda Legislativa; y de buscar otras tantas para que este importante órgano del Estado pueda apoyarse y enriquecerse en el cumplimiento de sus fines del conocimiento y actividad que despliega cotidianamente la sociedad civil en el ámbito público, pero con base en ordenamientos jurídicos que así lo establezcan clara y explícitamente.

En este sentido, consideramos que el conocimiento público y apertura del proceso legislativo requiere de establecer en primer lugar como obligatoria la presentación con antelación a los trabajos de los grupos parlamentarios, de las comisiones y de la propia Cámara de Senadores, de las Agendas Legislativas.

Con ese fin, en esta propuesta de iniciativa planteamos que los grupos parlamentarios presenten y publiquen su Agenda Legislativa Genérica y las Específicas que impulsarán frente a la Junta de Coordinación Política al inicio de cada legislatura en cuestión y antes del arranque de cada periodo ordinario de sesiones. En correspondencia con esta adición, se propone también instituir la atribución de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de comunicar a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en su agenda legislativa.

En este mismo orden de ideas, proponemos establecer como atribución de la Junta de Coordinación Política el hacer pública (en la Gaceta Parlamentaria) la Agenda Legislativa de cada periodo de sesiones, con base en las propuestas hechas por los grupos parlamentarios y tomando en consideración las presentadas por organizaciones u otras instancias de expresión ciudadana, para cada periodo ordinario de sesiones, todas ellas previamente publicadas también en la Gaceta Parlamentaria; y el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno. También proponemos extender las atribuciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, para “recibir y desahogar ante la Junta las propuestas para la elaboración de la agenda legislativa que presenten por escrito organizaciones u otras instancias de expresión ciudadana previo al proceso de su elaboración ….”.

El anterior cambio tiene el propósito de abrir un espacio delimitado a las propuestas ciudadanas en la conformación de la Agenda Legislativa de la Cámara de Senadores, aunque su recepción no tendrá un efecto vinculante.

Posteriormente, proponemos establecer por primera vez la obligación de las comisiones de contar con una Agenda Legislativa y de Trabajo que, una vez aprobada, se publicará en la Gaceta Parlamentaria, al igual que los cambios que posteriormente pueda tener la misma. Se propone que “para la definición de la Agenda Legislativa y de Trabajo de las comisiones ordinarias, sus presidentes deberán tener en consideración la propia que acuerde la Junta de Coordinación Política para la Cámara de Senadores, las de los grupos parlamentarios, así como las propuestas de los senadores integrantes de la comisión; asimismo, se tomarán en consideración las presentadas por organizaciones u otras instancias de expresión ciudadana que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre la misma y que sean presentadas a él por escrito y con antelación al momento de su elaboración”.

Bajo esta óptica, se pretende garantizar que en la definición de las agendas de comisiones ordinarias se tenga en consideración la pluralidad de la representación existente en el seno de cada una de ellas, así como los elementos provenientes de las experiencias ciudadanas que puedan enriquecer el juicio de los legisladores al momento de integrar este instrumento definitorio de la misión y trabajo de las comisiones, así como de su posterior evaluación. Se busca, por otro lado, contar con un elemento explícito que facilite la evaluación a posteriori del trabajo desarrollado por la Cámara de Senadores en el ámbito de las comisiones.

El otro aspecto que hemos considerado toral en esta iniciativa es el fortalecimiento y perfeccionamiento del proceso legislativo en el seno de las comisiones, en la perspectiva de lograr una mejor rendición de cuentas vertical en la conformación, presentación, evaluación y dictaminación de las propuestas e iniciativas objeto de trabajo.

Así, se establece que las reuniones de las comisiones “serán” públicas, cuando así lo “acuerde su Mesa Directiva por iniciativa propia o en respuesta a solicitud expresa y por escrito de alguna organización u otra instancia de expresión ciudadana, siempre y cuando cuente con la firma de autorización en tal sentido de la mayoría de los integrantes de la comisión.” En este caso, el propósito es facultar a las mesas directivas de las comisiones (que en su integración contemplan la pluralidad de las fuerzas políticas representadas en la cámara), a establecer el carácter público de una reunión de la misma, haciendo más expedito y ágil el procedimiento de tal decisión que puede responder al interés de los propios legisladores pero también al de las partes interesadas o afectadas por la iniciativa de que se trate. No obstante y a fin de hacer este ordenamiento coherente con lo dispuesto por el artículo 94 de esta ley, se pone como condición que la Mesa Directiva de la comisión cuente con una mayoría de firmas de los integrantes, para establecer el carácter público de una sesión de la misma.

Por último, se propone establece que: “Las comisiones podrán celebrar convenios de colaboración con organizaciones u otras instancias de expresión ciudadana, a fin de fortalecer sus capacidades para el desahogo de los asuntos de su encomienda, mismos que deberán contar, para su firma, con la autorización de la Mesa Directiva de la Cámara y la aprobación de la mayoría de los integrantes de la comisión”.

La anterior propuesta se perfila en la dirección de impulsar formas más acabadas de colaboración con la sociedad civil e instituciones académicas o profesionales que contribuyan al proceso legislativo en forma especializada y bajo determinaciones específicas volcadas en un convenio. Los mismos deberán someterse siempre al visto bueno de la Mesa Directiva de la Cámara, a fin de que el Senado de la República quede siempre a buen resguardo en relación con las obligaciones que se deriven de los mismos. Igualmente, la celebración de dichos convenios deberá contar con la autorización expresa de la mayoría de los integrantes de la(s) comisión(es) en cuestión.


Consideramos que las reformas y adiciones propuestas en esta iniciativa refuerzan y complementan los ordenamientos que se derivan de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal y, sobre todo, son un instrumento para impulsar más aún una cultura de rendición de cuentas vertical por parte de los Senadores de la República, redundando en una mayor transparencia y democratización de la información sobre el funcionamiento de este importante órgano del Estado. Así, los ciudadanos tendrían mayores elementos para identificar los logros o fracasos de sus representantes por su trabajo al interior de las comisiones. Además, tendrían una herramienta certera para colaborar constructivamente en las decisiones nacionales, pues reconocerían con mayor claridad los temas y las propuestas que se encuentran en la agenda de los legisladores. También permitiría tener un nuevo parámetro de evaluación una vez concluidos ciertos períodos de trabajo en cada legislatura.