>>> Provida

>>> Partidos políticos

>>> Legislativo

>>> Rendición de cuentas_CNDH_ Educación

 

 

>>> Rendición de cuentas_Observatorio

>>> Rendición de cuentas_Gastos CNDH_Playa del Carmen

>>> Análisis de gestión de la CNDH en 2003: ITAM-Ronda ciudadana

>>> La CDHDF se pronuncia por la transparencia y la rendición de cuentas

 

 
>>> Demanda ciudadana por la transparencia y la rendición de cuentas

Dapthne Cuevas / Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
El 6 de noviembre de 2003, a tres meses de iniciada la LIX Legislatura, integrantes de las organizaciones ciudadanas: Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Letra S; y Salud Integral para la Mujer (SIPAM), presentaron a integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados una serie de preguntas sobre el proceso de desagregación de los recursos públicos que año con año se aprueban en la Cámara de Diputados.

Las preguntas que las organizaciones hicieron a las y los diputados son producto de un trabajo de investigación y documentación que culminaron en la conformación del expediente “Demanda ciudadana por la transparencia y la rendición de cuentas” que permite mirar la asignación “irregular” de recursos públicos a una organización privada.

Los antecedentes de este proceso se remontan a diciembre de 2002, cuando se debatía la asignación de recursos del presupuesto público 2003. Las diputadas anunciaron que habían logrado una reasignación de 600 millones de pesos a programas de atención a la salud de las mujeres y al VIH/SIDA e hicieron una pro-puesta de distribución para esos recursos.

Semanas después, organizaciones de lucha contra el SIDA conocieron por el Subsecretario de Salud, Roberto Tapia, el comunicado del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Pazos, que anunciaba que los recursos asignados para medicamentos se disminuirían en 30 mi-llones de pesos. La inquietud sobre esa modificación creció y se sumó a la información de que los mismos recursos serían asignados a Provida.

En diversos medios de comunicación el tema fue abordado y el propio Luis Pazos salió a dar su versión de estos hechos. No se aclaró lo que había sucedido. ¿En este país un solo diputado puede decidir qué hace con treinta millones de pesos?
Utilizando las herramientas proporcionadas por el propio Congreso de la Unión, con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se conformó el expediente electrónico que incluye material gráfico de cada uno de los documentos, cartas, declaraciones e informes mencionados.

La indignación de las organizaciones de defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de las personas afectadas por el VIH/SIDA ante el hecho de que Provida, organización contraria a estos derechos, se beneficie de recursos públicos, se suma al centro de la denuncia: la transparencia y legalidad en el proceso de asignación, evaluación, ejercicio y control de dichos recursos.

El asunto a resolver es profundo: ¿por qué un país en transición a la democracia, que enarbola desde el poder ejecutivo una voluntad política de transparencia y rendición de cuentas y que aprueba desde el poder legislativo una ley de acceso a la información pública, se permite espacios amplios de discrecionalidad en el manejo de recursos? ¿Por qué existen vacíos legales que permiten la asignación de recursos públicos de forma unilateral?

 

 

 

 

 

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>>> El fallo del TEPJF: Abriendo la información
presupuestaria de los partidos políticos
Silvia Alonso / Alianza Cívica


La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha demostrado que, utilizada de manera adecuada, puede convertirse en un instrumento legal privilegiado para avanzar en el respeto de los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos. En este sentido, un caso sin precedente representa el fallo de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitido en relación al Recurso de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, presentado por el C. Arturo Zárate Vite.

El 25 de septiembre de 2003, el C. Zárate, haciendo uso de su derecho de acceso a la información y apoyado en la Ley, solicitó información sobre los sueldos y prestaciones de los líderes nacionales de los partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral (IFE). Bajo los argumentos de que dicha documentación no estaba en sus archivos y que los partidos políticos, al no formar parte de su estructura, no estaban obligados a entregársela, casi cinco meses después, el IFE le negó la información solicitada.

El TEPJF emitió su fallo ante el recurso presentado por el C. Zárate, el 25 de junio de 2004, revocando la resolución emitida por la Comisión del Consejo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información del IFE y le ordenó a ésta que en un plazo de 10 días hábiles —los cuales empezarían a correr un día después de su siguiente sesión ordinaria o extraordinaria— deberían entregar la información solicitada.

Este es un hecho sin precedente en el mundo y una gran contribución a la cultura de la transparencia ya que, por primera vez, una autoridad electoral establece un camino para que la sociedad conozca el uso que los partidos políticos le dan a los recursos públicos. El Tribunal clasificó este caso como “Tesis Relevante”. La resolución, la cual aparece en su sitio web (www.trife.gob.mx) con la siguiente denominación: SUP-JDC-041/2004, puede ser revisada en su totalidad por los interesados.

 

 

 

 

 

 

 

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>>> ¿transparencia en pleno?
Iniciativa ciudadana para promover la transparencia y la participación ciudadana en el Senado
Patricia Yllescas / Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad


Desde la visión de la sociedad civil, un eje central en la construcción de la democracia sustantiva y la ciudadanía es la rendición de cuentas. Por ello, DECA-Equipo Pueblo AC y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, con el respaldo de 15 organizaciones no gubernamentales, hicieron entrega al Senador Ricardo Gerardo Higueras, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales Internacionales, la Propuesta Ciudadana de Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y rendición de cuentas, el 23 de septiembre de 2003. El Senador Higueras presentó la propuesta ante el Pleno del Senado de la República, el pasado 7 de diciembre de 2004, con el apoyo de legisladores y legisladoras de todos los grupos parlamentarios.

Esta propuesta es el fruto de una relación de diálogo y colaboración estrecha entre la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales Internacionales y un grupo de organizaciones de la sociedad civil que, desde el Foro: “El Senado de la Republica y la Sociedad Civil, Hacia una nueva relación” celebrado en junio de 2002, han venido dando mayor impulso a las relaciones con el congreso y buscando abrir en los espacios legislativos una mayor expresión de la participación ciudadana.

La propuesta, que en estos momentos se encuentra turnada para su dictamen en comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos del Senado, contiene, entre otras, las reformas pertinentes para:

Establecer los mecanismos jurídicos de participación de las organizaciones de la sociedad civil o de los ciudadanos en el proceso legislativo, que hagan obligatoria la consulta por parte de las comisiones del Senado, difundir con oportunidad la agenda legislativa del senado para cada año con especial énfasis en las iniciativas que están en proceso de dictamen o las que se pretenden poner a consideración del Pleno, y establecer mecanismos para que la sociedad civil pueda dar seguimiento puntual a las iniciativas de su interés.

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>>> La CDHDF se pronuncia por la transparencia y la rendición de cuentas

Todos los organismos públicos que ejerzan recursos del Estado (autónomos y no autónomos) deben rendir cuentas a la sociedad sobre el uso que dan al erario que le es autorizado anualmente: CDHDF


La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció por la transparencia y rendición de cuentas a través de un comunicado el pasado 5 de junio. El presidente del organismo, Emilio Álvarez Icaza declaró que “si bien la CDHDF hace frente a su responsabilidad de defender los derechos humanos de los capitalinos con plena independencia y autonomía, debe quedar claro que al hacer uso de los recursos públicos, todos sus actos deber ser transparentes y con estricto apego a la legalidad”.

Lo anterior como respuesta a la resolución por parte de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en donde se señala que el presupuesto autorizado a los organismos autónomos no corresponde a Hacienda Pública del Distrito Federal, por lo que la Procuraduría se declara incompetente para promover acciones que reparen el daño causado al patrimonio de los organismos autónomos

Ante esto, la CDHDF y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideran que la Procuraduría Fiscal del DF, sí está en posibilidad de llevar a cabo los procedimientos pertinentes para reparar los daños, y se hace referencia específica al daño patrimonial cometido en la Comisión durante 2000 y 2001, correspondiente a la administración anterior.

Por último la CDHDF informó que “de prevalecer esta determinación, se estaría sentando un precedente muy grave y no se contribuiría a fortalecer y consolidar a los órganos autónomos como entidades de Estado”.


Gabriela Reséndiz
AMDH

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>>>Rendición de cuentas_CNDH_ Educación

La función educativa de los organismos públicos de derechos humanos es en México un elemento poco conocido, el cual no ha sido hasta ahora objeto de escrutinio público ni tampoco de una atención de especialistas. Sin embargo, en todas las propuestas y los discursos, así como en las recomendaciones nacionales e internacionales al gobierno mexicano, se señala que la educación es un elemento indispensable para desarrollar y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos que permita acciones preventivas antes que defensivas, y favorezca la democracia, la lucha contra la impunidad y el Estado de derecho.

A catorce años de la creación de la CNDH ¿cuál es el balance de sus actividades educativas? Una primera aproximación de esta tarea la haremos durante el periodo 1999-2000 a 2003, con base en los Informes de actividades de esta institución, único material que da cuenta públicamente de la labor de la misma en esta materia. Lo anterior nos dará una idea general del trabajo desarrollado dado que jamás la CNDH ha tendido un diagnóstico que se conozca en este campo, más allá de contabilizar actividades, eventos puntuales y número de personas que asisten a las mismas.

La educación en derechos humanos en la CNDH

Después de un análisis de los Informes de Actividades de la CNDH en materia educativa podemos afirmar desde ahora que en general no existen modelos de enseñanza que se den a conocer a través de estos documentos, tampoco se explica el fundamento del tipo de formación que desarrolla la CNDH o las metodologías que utiliza, no existen programas de estudio ni indicadores de calidad. Asimismo no existen diagnósticos que se conozcan de la CNDH en esta materia. En otras palabras, los informes no ofrecen indicadores válidos con criterios de calidad y de impactos que permitan valorar el trabajo realizado en el campo educativo.

Normatividad en materia de educación en derechos humanos

En el Decreto de creación de la CNDH, el artículo II, inciso IV señala como atribución de esta institución “El elaborar y proponer programas preventivos en materia de derechos humanos, en los ámbitos jurídico, educativo y cultural para la administración pública federal.”

La CNDH tiene entre sus objetivos “promover el estudio, la enseñanza, la divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional” de acuerdo al artículo 6º, fracción IX, de su Ley Orgánica. Asimismo, en el Reglamento Interno de la CNDH destaca en el artículo 57 entre sus atribuciones, la labor de “diseñar y ejecutar los programas de capacitación en materia de derechos humanos (inciso VII) así como “promover el estudio y la enseñanza de los derechos humanos dentro del sistema educativo nacional” (inciso IX).

La CNDH tiene, por su propio carácter y normatividad, una relevante labor educativa que se traduce en la tarea de formar en derechos humanos en la ámbito formal, no formal e informal. Hoy cuenta con un presupuesto de 629.1 millones de pesos, el presupuesto más grande que se otorga en el mundo a una institución nacional de derechos humanos , lo que en principio nos confirma que la CNDH posee los recursos necesarios para desarrollar un trabajo relevante en la materia.

Recursos sin identificación para un análisis riguroso

Hoy los indicadores más desarrollados para realizar un proceso de evaluación y de rendición de cuentas nos obligan a conocer en forma detallada los presupuestos empleados. Este ejercicio, en materia educativa, es imposible realizarlo en la CNDH ya que éste no está desglosado, por lo tanto no se puede conocer la forma en cómo utiliza sus recursos en el área de formación.

En el análisis programático del 2003, el área de capacitación menciona como objetivo “establecer y operar sistemas de capacitación de formación de servidores públicos”, su indicador es un “índice” de 83 cursos con un monto de 5 026 928 de pesos de asignación de gasto directo. A pesar de conocer este monto es imposible con estos datos determinar la calidad de cursos que imparte, así como para quién los imparte y bajo qué prioridades.

El área de educación parece otorgar su relevancia en función de números de “eventos”, “actividades” y “personas capacitadas” sin hacer distinción si se trata de un participante a un curso, diplomado, conferencia o simplemente una actividad de divulgación general.

Educación básica

En este campo, la CNDH presentó recientemente una serie de cinco videos que comprenden un “Programa de capacitación en derechos humanos para la educación básica”, esta es la única referencia relativa a programas, sin embargo, no podemos identificar aún sus resultados. La información de sus informes pone de manifiesto que la CNDH hasta la fecha no ha instrumentado políticas eficaces de formación en la escuela, ni siquiera se pudo tener información sobre su propio programa de formación de capacitadores, los cuales en gran mayoría son abogados.

En educación superior, la CNDH realiza entre 1999 y 2003 un total de 247 actividades con una participación de 15 122 personas, mientras que para el rubro de grupos vulnerables, en particular pueblos indígenas, realiza en ese mismo periodo 45 actividades con una población de 1106 personas ¿Quién requiere más herramientas para su defensa?.

Conclusiones preliminares

La CNDH no ha tenido una propuesta sistemática ni un proyecto educativo a largo plazo que trascienda el proyecto de cada titular o de la programación de sus planes y actividades anuales. De tal manera que desde su creación nunca ha contado con una política definida en el campo de la educación en derechos humanos; asimismo, falta un proyecto o programa que defina prioridades en materia educativa a mediano y largo plazo, y sobre todo, carece de un proyecto sistemático y permanente de formación de educadores o “capacitadores”.

A pesar de una fuerte inversión en recursos humanos y financieros para la realización de las numerosas actividades que realiza la CNDH, podemos decir que en general, dichas acciones en materia educativa se concentran en movimientos puntuales pero incipientes e insignificantes sino existe un programa de seguimiento.

Asimismo, destaca la ausencia de políticas de formación que incidan de manera efectiva, privilegiando las actividades vistosas y puntuales en lugar de favorecer actividades educativas hacia los grupos y pueblos del país más desfavorecidos.

Es tiempo de cuestionar el trabajo desarrollado hasta hoy por la institución y sugerir revisiones profundas sobre el papel que debe cumplir este organismo ¿Se ha preguntado alguna vez la CNDH cuál es su función en materia de educación en derechos humanos? La respuesta debe ir más allá de la retórica frase de “formar una cultura en derechos humanos”. Ahora se trata de decir cómo, para quién, con cuáles herramientas y sobretodo se trata efectivamente de hacerlo.

Para ver texto completo: www.amdh.com.mx/Educa

 

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>>>Rendición de cuentas_Observatorio

Rendición de cuentas en los organismos públicos
de derechos humanos en México

No debemos confundir la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos con la no rendición de cuentas, al respecto el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, en el apartado dedicado al análisis del sistema Ombudsman en México, hace mención a la autonomía que gozan algunos organismos públicos de derechos humanos, la cual no es motivo para no transparentar sus recursos, actividades y presupuestos a la ciudadanía (1).

Por su parte, el Primer Informe Ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México (2),señala en lo referente a la rendición de cuentas que después de una revisión de los informes anuales que rinden las comisiones, según los requerimientos establecidos por la ley, no se traducen en verdaderos ejercicios de rendición de cuentas. El problema nos remite entonces a la legislación que no contempla un efectivo ejercicio de rendición de cuentas. Es necesario que los legisladores revisen seriamente este punto”.

De acuerdo al Observatorio algunas de las razones que crean dicha situación son: la ausencia de un diagnóstico y de indicadores e información detallada por programas en el plano financiero. La realización de un diagnóstico periódico sobre la situación de los derechos humanos en cada estado es fundamental para poder planear estrategias efectivas que respondan a las necesidades y urgencias en cada contexto determinado. En este sentido, de un estudio de diez organismos, las únicas comisiones que en la práctica utilizan un diagnóstico para guiar sus acciones y programas son la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa de manera notable, la CNDH de manera importante y la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco de manera incipiente.

El Observatorio ciudadano subraya que si bien es cierto que en las diez comisiones analizadas en la primera etapa de este proyecto se percibe el esfuerzo de hacer un diagnóstico -al crear un perfil de las personas que presentan una queja, el motivo y las instituciones públicas a las que están dirigidas estas quejas- en la mayoría de las comisiones no existe una relación entre los esfuerzos de este diagnóstico y los programas que posteriormente se llevan a cabo. Por lo menos en los informes de actividades, las estadísticas parecen sólo servir para compararse anualmente. En ellos, parece no existir un cuestionamiento previo sobre la manera que las quejas dan un panorama de la situación de derechos humanos en la entidad y una reflexión sobre otros mecanismos de diagnóstico que se podrían utilizar para orientar las acciones y atacar los problemas más importantes.

Si bien es cierto que todas las comisiones en sus informes hablan de grupos vulnerables: mujeres, niños, personas que viven con VIH Sida, indígenas, discapacitados, etc., no hay un diagnóstico específico de la situación de cada uno de estos grupos en cada entidad.

Relacionada con esta ausencia de diagnóstico están las investigaciones especiales, a las cuales se hacen referencia en las leyes pero en la práctica, de las diez comisiones analizadas, sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa presentan investigaciones especiales. En este sentido, preocupa que la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua no mencione en su Informe 2002 el terrible problema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Otro tema relevante del Observatorio Ciudadano es la falta de indicadores. Ninguna de las comisiones utiliza indicadores para medir el avance de sus acciones y/o de sus programas en sus informes anuales. La CNDH los utiliza en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, recientemente, en su página web, pero no en sus informes anuales. De nuevo, la mayoría de las comisiones de derechos humanos utilizan el aumento en las quejas y en las orientaciones como una justificación de la mejora en su actividad, cuando no necesariamente es así. Sin ninguna explicación de por medio, el aumento de las quejas puede interpretarse también como testimonio del empeoramiento de la situación de los derechos humanos en la entidad.

Por último, un punto importante que hay que considerar en el trabajo de las comisiones son las propuestas legislativas que impulsan para mejorar la situación de los derechos humanos en sus entidades, las cuales son contempladas en la normatividad como parte del informe anual. En este sentido, según los propios informes de las Comisiones, los organismos menos activos resultaron ser los de los estados de Tlaxcala, Chihuahua y Tabasco (3).”

(1) Sistema Ombudsman. Diagnóstico sobre la situación delos derechos humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, México, D.F. 2003. pp.7
(2) Ramírez, Gloria. Coordinación. El Ombudsman, una herramienta de participación ciudadana. Observatorio Ciudadano de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México. http://catedradh.unesco.unam.mx

(3) Gloria Ramírez. Primer Informe Ejecutivo del Observatorio de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México. Ibid. pp.25-27

CONTENIDO DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES
 
Diagnóstico
Indicadores
Propuestas legislativas
Investigaciones especiales
CNDH
X
0
X
X
CDH Puebla
0
0
X
0
CDH Tlaxcala
0
0
0
0
CDH Morelos
0
0
X
0
CDH Jalisco
X
0
X
0
CDH Chihuahua
0
0
0
0
CDH Sinaloa
X
0
X
00
CDH Oaxaca
0
0
X
X
CDH Tabasco
0
0
0
0
CDH Quintana Roo
0
0
0
0

La tabla plantea de manera comparada estos cuatro puntos críticos a los cuales nos hemos referido.

 

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>>>Rendición de cuentas_Gastos CNDH_Playa del Carmen

Gastos de la CNDH en Playa del Carmen: el costo por participante de diez mil pesos y el total de diez millones de pesos, es decir, el costo anual de algunas de las comisiones estatales.

Óscar Torres

El 16 de septiembre de 2004, Margarita Nava Jiménez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, envía una solicitud a Andrés Calero Aguilar, responsable de la Unidad de Enlace de la CNDH en materia de transparencia y acceso a la información pública con la finalidad de obtener información en torno al gasto total y desglosado del 2º. Encuentro Nacional entre la CNDH, las comisiones locales de derechos humanos y las organizaciones civiles, realizado del 8 al 10 de septiembre de este año en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El 20 de septiembre Nava Jiménez recibe respuesta por parte de Ana Delia Díaz, Jefa del Departamento de Asesoría Personalizada del IFAI, señalando que "aunque la CNDH es uno de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no corresponde al ámbito del IFAI por ser de carácter autónomo". A pesar de dicha respuesta, Nava Jiménez pregunta sobre la posibilidad de solicitar un recurso de revisión ante el IFAI en caso de no obtener respuesta a la solicitud enviada a la CNDH. Sin embargo, al día siguiente Ana Delia Díaz responde: "Como le expliqué anteriormente la CNDH no corresponde al ámbito del IFAI, es por eso que tiene su propia Unidad de Enlace y su reglamento, le sugiero nuevamente que consulte con ellos, qué procedería".

El 22 de septiembre, Nava Jiménez se dirige nuevamente a Calero Aguilar para solicitarle de nueva cuenta la información y obtiene ese mismo día la siguiente respuesta: "su solicitud de acceso a la información ha quedado registrada en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el expediente 2004/73-T, mismo al que se le esta dando trámite en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos". Ese mismo día, Nava Jiménez le pregunta a Calero Aguilar sobre el tiempo que tardarán los trámites para recibir la información solicitada.

Dos días más tarde, Nava Jiménez recibe por correo postal el Oficio No. 024949, en el cual Calero Aguilar informa que "en virtud de que el proceso de revisión y pago de los gastos inherentes a dicho evento está por concluirse, el plazo para proporcionar la información solicitada ha sido ampliado a 40 días hábiles contados a partir del día en que se registró su solicitud."

De obtener respuesta, Nava Jiménez obtendría la información dos meses después de su solicitud inicial. En este sentido, el 22 de octubre en una carta dirigida a Sadot Sánchez Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Nava Jiménez expresa su inquietud sobre la dilación del trámite para obtener dicha información, así como su preocupación de que no se le garantice su derecho a la información, en caso de no obtenerla.

El 17 de noviembre, Nava Jiménez recibe por correo postal el oficio No. CNDH/DGF/274/04, en el que se brinda información sobre los gastos del 2º Encuentro Nacional entre la CNDH, comisiones estatales de derechos humanos y ONG durante tres días en Playa del Carmen, cuyo costo total fue de 10, 049, 483.56 (diez millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con cincuenta y seis centavos). El costo por participante fue de 10,476.17 (diez mil cuatrocientos setenta y seis pesos con 17 centavos) y el costo por participante con discapacidad y su acompañante fue de 20,952.34 (veinte mil novecientos cincuenta y dos pesos con treinta y cuatro centavos).


Desglose del gasto total2º. Encuentro Nacional entre la CNDH, las comisiones locales de derechos humanos y las organizaciones civiles
Tipo Cantidad(pesos m/n)
Hotel y Alimentos 5,144,743.50
Transporte 4,074,284.06
Equipo 327,521.00
Playeras y gafetes 178,020.00
Mamparas 34,610.40
Fletes 41,625.00
Logística de la organización 210,450.00
Intérprete sordomudos (personas silentes): 5,000.00
Otros gastos 33,230.00
Total 10, 049, 483.56


A propósito de estos gastos, el costo total del evento organizado por la CNDH representa mas del doble que el presupuesto asignado a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán en el 2004 . Dicha cifra le serviría para funcionar a diez organizaciones no gubernamentales durante un año o bien representa el presupuesto anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos en el 2002 . Si sumamos el presupuesto de otras reuniones organizadas por la CNDH para ONG, podría cubrirse el presupuesto de otros cuatro organismos públicos estatales durante un año. Por último cabe preguntarse tras una erogación de tal magnitud sobre cuáles son los beneficios de estos encuentros para la sociedad civil y para la defensa de los derechos humanos. Sería preocupante que el resultado solo se reflejara en los apoyos recibidos de las organizaciones participantes al proceso de reelección del titular.

 

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>>>Análisis de gestión de la CNDH en 2003: ITAM-Ronda ciudadana (1)

 

“No es posible que la principal actividad de la CNDH,
que consiste en la atención a las quejas,
permanezca inaccesible al escrutinio público”

El Centro de Estudios de Derecho Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y La Ronda Ciudadana, llevan a cabo el Programa Atalaya –con el apoyo de la Fundación MacArthur–, cuyo objetivo es analizar la gestión pública de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante el seguimiento de sus actividades a lo largo de tres años (2003-2005), sobre la premisa de que el escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas coadyuvan al mejoramiento de las tareas encomendadas al Ombudsman nacional.

Este año se presentó el primer informe del Programa Atalaya que arroja interesantes resultados en torno a la atención de las quejas presentadas ante el organismo nacional, la valoración de las recomendaciones que emitió el propio organismo, el examen de las propuestas legislativas de la CNDH y el acceso a la información, entre otros temas. Al respecto, este análisis se convierte en un esfuerzo académico y civil que busca favorecer el nivel de eficiencia de la CNDH, así como también mejorar la calidad de atención a las quejas y la formulación de las recomendaciones emitidas por este organismo público nacional.

El informe del Programa Atalaya afirma que la calificación de los hechos violatorios de derechos humanos que efectúa la CNDH al recibir las quejas no es clara. Por ejemplo, el 31% de las quejas consideradas como presuntas violaciones en 2003 se calificaron como ejercicio indebido del cargo, lo que trae como consecuencia que la sociedad no puede saber si la calificación de los hechos encuadraba en el tipo de violación que le correspondía o si, por el contrario, se le incluyó dentro de un criterio general de clasificación. Una medida que podría subsanar esta situación es la actualización del Manual para la calificación de hechos violatorios, así como el acceso inmediato a este documento básico mediante ejemplares impresos disponibles o en la página de internet de la propia CNDH.

Para evaluar la eficiencia terminal de los expedientes de queja reportados como concluidos durante el ejercicio 2003, es necesario contar con acceso a la información que permita conocer las causas de conclusión de dichos expedientes. En el Informe 2003 presentado por la CNDH no existe manera de saber sobre la forma y fecha en que se solucionaron cada uno de los expedientes de queja concluidos como “Solución durante su tramitación y/o conciliación”, ni tampoco sobre las acciones que se compromete a realizar la autoridad responsable de un acto violatorio a los derechos humanos, ni del tiempo y la forma en que se cumplen los compromisos.

(1) Fuente: ITAM-Ronda ciudadana, “Análisis de gestión de la CNDH en 2003”, publicado en la revista Este País, Suplemento especial, México, julio de 2004.

En cuanto a la conclusión de expedientes por “Falta de interés de quejoso en la continuación del procedimiento” y por “Desistimiento del quejoso”, la CNDH no proporciona información que dé luz sobre las circunstancias en las que fueron concluidos dichos expedientes. Dicha información es importante en términos de las acciones que el organismo nacional tomó para impedir que quedaran insatisfechas las demandas de los agraviados. Con esta medida de nuevo “se hace patente que la falta de transparencia de la CNDH y la falta de acceso a los expedientes concluidos por la misma para su escrutinio público, impide tener certeza sobre el cabal cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Organismo nacional para con las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

En materia de recomendaciones el Informe 2003 de la CNDH no brinda información para entender las razones por las que para cierto tipo de violación no se emite ninguna recomendación. La lógica nos dice que entre mayor número de quejas calificadas dentro de un cierto tipo de violación, aumenta la posibilidad de dar origen a una mayor cantidad de recomendaciones o a propuestas de conciliación. En este sentido, el Informe no refleja dicha proporción debido a las escasas o, en ocasiones, nulas recomendaciones o propuestas de conciliación por cada tipo de violación (ver Tabla de quejas y recomendaciones 2003).

Frente al reducido número de recomendaciones –un total de 52 de las cuales sólo 22 se originaron por quejas interpuestas ante la CNDH–, 9 de ellas recaen sobre aspectos puramente administrativos. Lo revelador de esto es que en el reciente Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se refleja una compleja problemática en materia de derechos humanos que no corresponde a las observaciones hechas por el Organismo nacional, si entendemos que las recomendaciones son instrumentos para manifestar actos violatorios de derechos humanos, donde se recomiendan las medidas necesarias para subsanar dichas violaciones, se solicita las investigaciones oportunas y la aplicación de las sanciones a los servidores públicos que incurrieron a dichas conductas violatorias.

Por otro lado, es importante señalar que se dirigió un escaso número de recomendaciones a autoridades federales, a pesar de las 1,811 quejas atribuibles a las mismas. De un total de 20 recomendaciones dirigidas a autoridades federales, 14 fueron enviadas a autoridades del sector salud y el resto a autoridades relacionadas con la Procuraduría General de Justicia Militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Fondo de Vivienda del ISSSTE. De esto se desprende que no se dirigieron recomendaciones a los titulares de organismos que recibieron el mayor número de quejas como es el caso de la Procuraduría General de la República, que ocupar el primer lugar de la lista presentada por la misma CNDH. Puede concluirse que mientras que la información no confidencial de los expedientes concluidos de la CNDH no pueda ser revisada por la ciudadanía, no se puede determinar el criterio que se utilizó para la formulación de dichas recomendaciones dirigidas a ciertas autoridades.

En cuanto a la calidad de las recomendaciones, se trata de que “se aplique una ordenación sistemática, para que los aspectos formales de una recomendación resulten claros y coherentes”, debido a que las disposiciones que marca la normatividad de la CNDH con respecto a los elementos que se deben incluir en las recomendaciones, en la práctica, resultan confusas ante los diversos criterios utilizados por las diferentes administraciones del organismo nacional. Al respecto, es necesario modificar la Ley de la CNDH y su reglamento para adoptar un formato sencillo que garantice la claridad de las recomendaciones frente a la autoridad, y que resulte útil para la formación de la opinión pública.

Dado lo expuesto en el informe del Programa Atalaya resalta que para cumplir con los propósitos del escrutinio público a la CNDH es necesario que el acceso a la información, sobretodo en lo concerniente al programa de atención a quejas, se encuentre al alcance de la sociedad. Esto le permitiría a la ciudadanía tener una adecuada y clara apreciación sobre la actuación del organismo nacional en dicha materia. No es posible que la principal actividad de la CNDH, que consiste en la atención a las quejas, permanezca inaccesible al escrutinio público, y sólo “las recomendaciones, que corresponden a menos del 1% del total de quejas recibidas, son la única porción transparente en su actuación”.

Frente al escrutinio público que se ha efectuado a través del Programa de Atalaya, el Ombudsman ha respondido que la CNDH no está obligada a entregar las pruebas que sustentan las recomendaciones emitidas según lo establecen los artículos 4 y 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH), vigente desde 1992. No obstante que esta ley le confiere discrecionalidad para determinar si entrega o no la información solicitada, el titular del organismo nacional argumenta que la Ley Federal de la Trasparencia y Acceso a la Información Pública determina como información reservada la que “por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial”. Ante esta situación, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y La Ronda Ciudadana interpusieron un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las disposiciones relativas de la LCNDH.

Lo esencial es determinar si los artículos 4 y 48 de la LCNDH se apegan al principio general de publicidad de la información, conforme al artículo 6 de la Ley de Transparencia y a los supuestos de información reservada previstos en el artículo 13 de la misma Ley, o si la discrecionalidad del Ombudsman –transformada en reserva por medio del Reglamento de Transparencia de la CNDH– no encaja con el nuevo derecho de acceso a la información. De ser esto último, los artículos en cuestión de la Ley de la CNDH deben ser considerados inconstitucionales por no obedecer a los nuevos criterios que conforman el derecho de acceso a la información en nuestro país. Sandra Serrano, colaboradora del Programa Atalaya afirma que “la autonomía de la CNDH se ejerce en la toma de decisiones y en el ejercicio de su presupuesto, lo que no excluye la rendición de cuentas, la transparencia y la apertura hacia la ciudadanía”.

Desde un principio el grupo de trabajo del Programa Atalaya ha tratado de mantener un dialogo con el titular de la Comisión Nacional mediante los resultados y avances que se adquieren del mismo Programa, sin embargo “la CNDH –comenta Serrano- hasta el momento no ha mostrado interés por acercarse o intercambiar puntos de vista al respecto”.

Tabla de quejas y recomendaciones 2003
Expedientes de queja y porcentaje respecto del total
Principales hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos denunciados por los quejosos
Recomendaciones y porcentaje respecto del total

1688

31.2%

Ejercicio indebido del cargo

7
31.7%

480

8.9%

Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad

Ninguna
0%

450

8.34%

Amenazas

1
4.5%

298

5.52%

Detención arbitraria

2
9%

279

5.17%

Negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud
7
31.8%

233

4.31%

Negativa al derecho de petición
1
4.5%

213

3.94%

Cateos y visitas domiciliarias ilegales
Ninguna
0%

206

3.81%

Trato cruel y/o degradante
1
4.5%

125

2.31%

Dilación en el procedimiento administrativo
Ninguna
0%

124

2.29%

Imputación indebida de hechos
1
4.5%

88

1.63%

Irregular integración de averiguación previa
1
4.5%

80

1.48%

Robo
Ninguna
0%

73

1.35%

Retención ilegal
1
4.5%

70

1.29%

Violación al derecho de la integridad de los menores
1
4.5%

68

1.26%

Incumplimiento de prestaciones de seguridad social
Ninguna
0%

68

1.26%

Negligencia médica
10
45.5%

66

1.22%

Violación a los derechos de los migrantes
Ninguna
0%

63

1.16%

Inejecución de resolución, sentencia o laudo
Ninguna
0%

62

1.14%

Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación
Ninguna
0%

55

1.01%

Incomunicación
1
4.5%

43

0.8%

Dilación en la procuración de justicia
1
4.5%

43

0.8%

Intimidación
1
4.5%

42

0.8%

Dilación o negligencia administrativa en el proceso
Ninguna
0%

35

0.64%

Prestación indebida de servicio público
Ninguna
0%

34

0.63%

Discriminación
Ninguna
0%

34

0.63%

Extorsión
Ninguna
0%

32

0.59%

Incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia
Ninguna
0%

31

0.57%

Aseguramiento indebido de bienes
Ninguna
0%

31

0.57%

Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de vivienda
Ninguna
0%

26

0.48
Empleo arbitrario de la fuerza pública
1
4.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ITAM-Ronda ciudadana, “Análisis de gestión de la CNDH en 2003”, publicado en la revista Este País, Suplemento especial, México, julio de 2004. La suma de recomendaciones emitidas corresponden algunas a mas de un hecho violatorio.

 

 

 

 

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